Un emprendimiento de pesca para camuflar el desvío de casi 200 millones de pesos
Carlos Iván Barraza, de 30 años, nacido en Buenos Aires, supo servirse de los recursos del estado mediante su incursión en la actividad social y más tarde en la política.
Barraza, el primer piquetero que estará sentado en el banquillo de los acusados, fue un aliado incondicional del gobierno de Jorge Capitanich y hasta se postuló como candidato a intendente por Resistencia. Robusteció su poder a partir de su cargo de jefe en la empresa estatal de agua.
Hace unos días, el Equipo Especial Fiscal, conformado por Liliana Beatriz Irala y Sergio Cáceres Olivera, formuló el requerimiento a juicio contra el hombre, que estuvo recientemente detenido en su casa por orden de la ya jubilada jueza de Garantías María de las Mercedes Pereyra, aunque la decisión fue revocada de manera exprés por el magistrado Héctor Sandoval y, a las horas, Barraza fue trasladado por la Policía a la cárcel de Villa Barberán.
Los fiscales han acreditado que, durante el período comprendido entre el año 2022 y diciembre de 2023, Barraza, en su carácter de presidente de la Asociación Civil «Humildad», se apoderó ilegítimamente de los fondos del erario público asignados a través del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (Iafep) y de Lotería Chaqueña, utilizando dichos recursos para beneficio personal. Además, como jefe del Sector Pozo 5 de la empresa de Servicio de Agua y Mantenimiento (Sameep), empleó en provecho propio trabajos o servicios pagados por la mencionada empresa estatal.
Barraza, siendo empleado público y usando la asociación, recibió durante casi un año $193.050.000 y nunca certificó el destino de los fondos provenientes de Iafep y Lotería Chaqueña. El 2 de junio de 2022, comenzó a funcionar el esquema para desviar el dinero recibido del gobierno. Las partidas, que fueron de $450.000 cada una, se entregaron hasta enero de 2023. Desde marzo hasta noviembre de ese año, cada mes percibió $1.000.000 y jamás rindió cuentas.
El excandidato a intendente por la capital chaqueña facturó $13.050.000 al Iafep bajo el programa «Resi-todos», utilizando estos fondos para su beneficio personal, sin haber acreditado la efectiva prestación del servicio de desmalezamiento, limpieza de zanjas y recolección de material reciclable para el cual fue contratado. El fraude por parte del exdirigente, que está con prisión preventiva, continuó en el marco del programa Emergencia Habitacional, cuyo objetivo era proporcionar soluciones habitacionales a comunidades vulnerables, principalmente a través de la construcción y refacción de viviendas, mediante contratación de la Asociación Civil «Humildad».
Fábrica de aberturas, repasadores y rejillas
Con el fin de aparentar el destino lícito de dichos fondos, Carlos Barraza creó un emprendimiento de pesca situado en el acceso al paraje Las Cinco Bocas, de Puerto Vilelas, no registrado ante la Subsecretaría de Ambiente y Biodiversidad del Gobierno del Chaco.
Con fondos estatales, compró una lancha, una ecosonda, seis canoas y mallones varios, y realizó la construcción de dos casas habitacionales con cocina, baño y comedor en el mencionado lugar.
Además, fundó una fábrica de aberturas de aluminio en el barrio 40 Viviendas de Villa Barberán y una empresa de trapos y rejillas bajo la denominación MTH en el barrio La Rubita, todos emprendimientos con la única finalidad de desviar millones de las arcas del Estado.
Los fiscales sostienen que, aprovechándose de su cargo y función como jefe del Sector Pozo 5 , Barraza destinó los fondos recibidos para construcciones de beneficio personal, utilizando bienes y empleados de dicha empresa bajo amenazas de afectar su salario mediante la eliminación de horas extras laborales o bonificaciones por asistencia.