En la continuidad de una investigación por defraudación contra la administración pública, el Fiscal Federal Patricio Nicolás Sabadini solicitó a la juez Ricardo Mianovich la realización urgente de indagatorias para varios coimputados en el expediente que surge a partir de los delitos de fraude y asociación ilícita que tiene a Ramón «Tito» López y toda su familia con prisión peventiva. Previous
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En el requerimiento al que accedió NORTE, Sabadini refiere que el pasado 14 de noviembre de 2024, la Cámara Federal de Apelaciones respaldó la solicitud del Ministerio Público Fiscal, declarando la competencia federal para continuar con la investigación de los delitos precedentes al lavado de dinero. A pesar de que las indagatorias han avanzado para algunos imputados, como Walter Emanuel Brua y Diego Hernán Brua, «se ha observado una preocupante dilación en el proceso» para los coimputados Marta Elena Soneira, Walter Hugo Ferreyra, Raúl Jhon Paris, Cinthia Noemí Kaplan y María Luisa Artieda.
El fiscal Sabadini dejó entrever su inquietud ante esta situación, señalando que «el retraso en las indagatorias no se justifica, especialmente considerando que se ha solicitado repetidamente su realización». En su petición al juez, enfatiza la necesidad de llevar a cabo las declaraciones indagatorias de los acusados por delitos graves que afectan a la administración pública.
Apunta al Instituto de Tierras
Sabadini insiste en la la acción de exautoridades del Instituto de Colonización (luego convertido en Instituto de Tierras), cuyo organismo a través del cual se le dio al clan López un total de aproximadamente 3000 hectáreas de campos fiscales. Sabadini dice que los funcionarios firmaron las adjudicaciones y no tomaron ninguna medida -por ejemplo, la recuperación de las tierras- cuando López y familia incumplieron con las condiciones en que deben recibirse y ocuparse los predios del Estado.
El requerimiento, elevado al juez Mianovich, presume la comisión del delito de «fraude a la administración pública» por parte de los empresarios Walter Emanuel Brua y Diego Hernán Brua, quienes suscribieron con López un contrato de leasing, por las tierras en cuestión.
Eso, dice el fiscal, transgredió la normativa sobre tierras fiscales, que obliga a los adjudicatarios a utilizarlas para emprendimientos productivos y prohíbe realizar con ellas operaciones inmobiliarias privadas.
Fuente: Norte
