Este jueves 10 de julio, el Senado de la Nación Argentina dio media sanción al proyecto de Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, una iniciativa que busca garantizar derechos básicos y servicios esenciales para las personas con discapacidad en un contexto marcado por recortes presupuestarios, demoras en los pagos y una situación socioeconómica compleja.
La norma, impulsada por organizaciones sociales del sector y respaldada por amplia parte de la oposición política, fue tratada en medio de una fuerte movilización ciudadana. El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad convocó a una concentración frente al Congreso de la Nación y en distintas ciudades del país, con el objetivo de visibilizar el reclamo y exigir la sanción definitiva de la ley.
«Esperemos que no se vete desde el Ejecutivo», expresó Juliana Domínguez, integrante de la Asamblea de Trabajadores de la Inclusión de Córdoba, quien celebró el avance del texto legislativo como una respuesta necesaria a una problemática histórica que se ha agravado en los últimos meses.
El proyecto ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados el mes pasado con 149 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones, lo que reflejó un fuerte apoyo parlamentario a pesar de la resistencia oficialista.
¿Qué propone la Ley de Emergencia en Discapacidad?
La iniciativa tiene como finalidad declarar la emergencia nacional en discapacidad hasta diciembre de 2027, reconociendo así la gravedad de la situación que atraviesan millones de argentinos y argentinas con discapacidad y sus familias. Entre las principales medidas que contempla, se destacan:
• Regularización de pagos y actualización de aranceles: Garantizar el cumplimiento puntual de los montos destinados a prestaciones y servicios esenciales.
• Reforma del sistema de pensiones no contributivas (PNC): Mejorar su gestión y acceso, especialmente para quienes dependen de este recurso como único ingreso.
• Fortalecimiento institucional: Mejora de la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y realización de auditorías para identificar y resolver irregularidades en la gestión de prestaciones.
• Transparencia y rendición de cuentas: El Poder Ejecutivo deberá informar públicamente sobre la ejecución del presupuesto y las políticas implementadas durante la emergencia.
• Compensaciones económicas de emergencia para prestadores: Reconocer el trabajo de centros asistenciales y profesionales que atienden a personas con discapacidad.
• Actualización del Certificado Único de Discapacidad (CUD): Incorporando criterios más integrales que consideren las condiciones físicas, mentales, intelectuales, sensoriales y sociales de cada persona.
• Fortalecimiento de talleres protegidos y centros de día: Espacios clave para la inclusión social y laboral de muchas personas con discapacidad.
• Cumplimiento efectivo del cupo laboral: Exigir el cumplimiento de la ley que establece el 4% de empleo público y privado reservado para personas con discapacidad.
Contexto difícil
Las personas con discapacidad han sido especialmente afectadas por las últimas decisiones del gobierno nacional. La falta de actualización de aranceles, los retrasos en el otorgamiento de prestaciones, la precarización de los servicios esenciales y la reducción de recursos destinados a programas sociales han generado un deterioro significativo en su calidad de vida.
Además, muchos trabajadores de la inclusión y personal de apoyo también enfrentan situaciones de incertidumbre, sin cobertura ni reconocimiento adecuado por su labor esencial.
La aprobación en el Senado representa un avance significativo, pero el futuro de la ley sigue pendiente de la firma presidencial. Ya se han escuchado voces del oficialismo advirtiendo sobre posibles vetos, argumentando cuestiones de índole fiscal y de ajuste estructural.
Movilización y esperanza
Mientras tanto, el colectivo de la discapacidad continúa movilizándose en todo el país. En palabras de Juliana Domínguez: «No somos un problema estadístico, somos personas con derechos que merecen ser respetados. Esta ley no es un favor, es un derecho».
Ahora, con el proyecto convertido en ley en el Senado, el foco está puesto en el Ejecutivo Nacional, que deberá decidir si ratifica esta medida o si impone un veto que podría enfrentar un intento de derogación por parte del Congreso.
En medio de un año electoral y una crisis económica persistente, la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad marca un hito en la lucha por la igualdad de oportunidades y el reconocimiento pleno de los derechos humanos de una comunidad que, históricamente, ha estado en las sombras.
fuente: norte
