La exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner percibió nuevamente la pensión vitalicia que le corresponde como viuda del expresidente Néstor Kirchner, luego de que la Justicia le ordenara a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) restituirle el beneficio de manera provisoria.
El pago se hizo efectivo durante los primeros días de septiembre y correspondió al haber del mes de agosto de 2026, con un monto bruto de $16.090.877,01, según confirmaron fuentes oficiales a medios nacionales.
La disputa comenzó en noviembre de 2024. En aquel momento, el Gobierno nacional, a través de la ANSES, decidió darle de baja tanto la pensión de viudez como su jubilación de expresidenta.
La medida se tomó luego de que la Justicia dejara firme su condena en la Causa Vialidad, donde fue penada con seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta. Desde el Poder Ejecutivo argumentaron que estos ingresos no son jubilaciones comunes como las de cualquier trabajador, sino reconocimientos especiales que exige mantener un «honor institucional» que se pierde al ser condenado por delitos contra el Estado.
Ante la quita de los haberes, Cristina Kirchner recurrió a los tribunales. Aunque en un primer momento su reclamo fue rechazado, la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social terminó dándole la razón a través de una medida cautelar (una decisión provisoria mientras se analiza el tema de fondo).
Los jueces consideraron que el dinero de la pensión tiene un «carácter alimentario» —es decir, que se utiliza para el sostén diario— y que no correspondía quitárselo de manera preventiva mientras continúe la discusión legal sobre si la sanción administrativa fue correcta o no.
El Gobierno apela y la definición quedará en la Corte Suprema
A pesar de que la ANSES tuvo que depositar el dinero para cumplir con el mandato judicial, la postura del Gobierno nacional no cambió.
El Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, ratificó que mantendrá las apelaciones correspondientes ante la Corte Suprema de Justicia. La meta del Ejecutivo es lograr que el Máximo Tribunal anule la medida cautelar y le permita congelar nuevamente la prestación.
