La iniciativa será remitida a la Cámara de Diputados y reúne medidas económicas, de seguridad y de protección de infraestructura crítica, además de disposiciones sobre vigilancia aeroespacial y marítima. El Ejecutivo busca ampliar las herramientas frente a actividades no autorizadas en las islas y sus espacios marítimos.
El Gobierno nacional terminó de redactar el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y prevé enviarlo este miércoles a la Cámara de Diputados, después de varios días de trabajo sobre el texto definitivo.
La iniciativa será cargada en el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) para completar el trámite administrativo antes de su presentación formal en el Congreso.
El proyecto está organizado en alrededor de seis títulos y reúne herramientas económicas, diplomáticas y de seguridad relacionadas con la defensa de la soberanía nacional y la cuestión Malvinas.
La redacción se extendió hasta las últimas horas debido a la cantidad de temas incluidos. Desde el Gobierno señalaron que la prioridad fue cerrar el texto técnico antes de avanzar con la discusión política.
Qué propone la nueva ley
El proyecto fue anunciado por el presidente Javier Milei el 3 de septiembre. Entre los principales puntos se encuentra la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que tendrá como objetivo coordinar distintas áreas del Estado en cuestiones vinculadas con la seguridad y la soberanía.
También establece un régimen de protección de infraestructura crítica, que alcanzaría a redes de telecomunicaciones, centros de datos y otros activos considerados estratégicos.
Otro de los ejes está relacionado con la protección aeroespacial y marítima, con nuevos procedimientos para mejorar la vigilancia y la respuesta ante situaciones consideradas de riesgo.
Más controles sobre actividades económicas en Malvinas
Uno de los capítulos centrales estará destinado a fortalecer las herramientas contra empresas y actores que desarrollen actividades económicas en las Islas Malvinas sin autorización argentina.
El Gobierno comenzó trabajando sobre el sector de los hidrocarburos y durante la elaboración del proyecto evaluó ampliar las medidas a otras actividades, como pesca y minería.
En materia petrolera, el Ejecutivo ya había avanzado con el Decreto 868/2026, que estableció nuevos procedimientos relacionados con la aplicación de la Ley 26.659 y el control de actividades hidrocarburíferas no autorizadas.
La nueva iniciativa busca ampliar ese marco de controles y sanciones. El Gobierno vinculó esta estrategia con el avance del proyecto petrolero Sea Lion, que se desarrolla en las inmediaciones de las Islas Malvinas.
Infraestructura crítica y seguridad
El proyecto también incorpora un capítulo dedicado a la infraestructura crítica y los proveedores estratégicos.
La intención es establecer medidas de seguridad para instalaciones y servicios cuya interrupción pueda afectar actividades consideradas esenciales.
Entre los sectores contemplados aparecen las telecomunicaciones, redes y centros de datos, dentro de una concepción de Seguridad Nacional que no se limita únicamente a la defensa militar.
Nuevas medidas de vigilancia aérea y marítima
Otro de los puntos está relacionado con la protección aeroespacial.
El Gobierno busca establecer procedimientos más claros frente a aeronaves declaradas hostiles y ordenar las distintas etapas de respuesta. El eventual uso de la fuerza quedaría contemplado como última instancia.
El proyecto no establece un derribo automático de aeronaves ante cualquier vuelo irregular.
En paralelo, el Ejecutivo busca fortalecer la vigilancia del Atlántico Sur mediante la integración de radares, sistemas satelitales, telecomunicaciones e inteligencia de señales.
La Base Naval Integrada de Ushuaia aparece como uno de los puntos centrales para concentrar información y mejorar el seguimiento de movimientos marítimos y aéreos.
Qué temas quedaron afuera
Durante la elaboración se analizaron modificaciones de mayor alcance, pero algunas finalmente no fueron incluidas en la versión definitiva.
El proyecto no contempla una reforma general de la Ley de Seguridad Interior para ampliar el rol de las Fuerzas Armadas dentro del territorio nacional.
Tampoco incorporará modificaciones específicas al sistema de Inteligencia, cuyos cambios continuarían siendo analizados mediante otro proyecto o mecanismo legislativo.
El proyecto llega después de diferencias por los tiempos
La elaboración del texto estuvo acompañada por distintas versiones sobre cuándo sería presentado.
Algunos sectores del oficialismo esperaban recibir la iniciativa antes, mientras que el equipo encargado de la redacción continuó trabajando hasta completar la versión definitiva.
Durante una sesión reciente de Diputados incluso se analizó la posibilidad de incorporar el tema Malvinas sobre tablas. Finalmente, Milei decidió no avanzar porque el proyecto todavía no estaba terminado.
Parte del armado parlamentario tampoco tuvo acceso anticipado al texto final y aguardó su presentación para comenzar a trabajar sobre los detalles de la iniciativa.
Ahora comienza la discusión en el Congreso
Con el proyecto terminado, el Gobierno iniciará la etapa de negociación parlamentaria.
La Casa Rosada prevé mantener conversaciones con el PRO, la UCR y distintos bloques federales para explicar el contenido de la iniciativa y escuchar propuestas de modificación.
El Ejecutivo no prevé, por ahora, un tratamiento exprés. Una vez que ingrese a Diputados, deberá pasar por las comisiones correspondientes, donde comenzará el debate sobre cada uno de sus artículos.
El envío del proyecto marcará así el cierre de la etapa técnica y el comienzo de la discusión política en el Congreso sobre las nuevas herramientas que propone el Gobierno para abordar la cuestión Malvinas y la defensa de la soberanía nacional.
