En un contundente operativo ejecutado de oficio para poner orden sobre el dominio público de la ciudad, la Municipalidad de Resistencia dispuso la clausura inmediata de la tradicional Verdulería Piceda, ubicada sobre la avenida Castelli. El procedimiento se llevó a cabo con custodia policial tras constatarse que el comercio funcionaba ocupando un terreno fiscal provincial y carecía de la documentación catastral definitiva exigida por las normativas locales.
Desde la comuna capitalina explicaron que las sucesivas inspecciones y la consecuente clausura respondieron al vencimiento de una medida precautoria que resguardaba de forma temporal la actividad en el sitio. Al caducar dicho plazo legal, el Municipio actuó en defensa de los bienes del Estado y el cumplimiento de las ordenanzas comerciales vigentes.
Conflicto por la posesión y reclamo por fuentes laborales
Tras la colocación de las fajas de clausura, propietarios y empleados denunciaron los operativos calificándolos de «arbitrarios». Según manifestaron los responsables del local, la medida deja en la incertidumbre a unas 50 familias trabajadoras, sosteniendo además que existe un trámite judicial en curso para definir la situación dominial del predio y resguardar la fuente laboral.
Ante la gravedad institucional y el impacto social del caso, la Justicia de Resistencia debió intervenir mediante una acción legal promovida por los afectados para frenar y revisar los efectos de las clausuras ejecutadas por la administración municipal. Mientras la causa sigue su marcha en los tribunales, se reactiva el debate en la ciudad sobre el uso indebido de los predios públicos y el cumplimiento estricto de las reglas comerciales.
