La vicepresidenta Victoria Villarruel puso en marcha un Programa de Alivio Financiero destinado a los trabajadores del Senado que atraviesan dificultades económicas y mantienen compromisos pendientes con distintas entidades crediticias. La iniciativa contempla adelantos excepcionales de haberes sin intereses, con un límite máximo equivalente a tres salarios netos.
La medida quedó establecida mediante el decreto presidencial del Senado 0630/2026, firmado el viernes 30 de octubre, y tiene como objetivo facilitar la cancelación de deudas y ofrecer una alternativa de financiamiento al personal legislativo.
Según los fundamentos de la normativa, la conducción de la Cámara alta considera necesario implementar herramientas que permitan atender el crecimiento del endeudamiento de los hogares y mejorar la previsibilidad económica de los trabajadores.
En ese sentido, Villarruel advirtió sobre el impacto de las condiciones económicas del país en las finanzas familiares y señaló que cada vez más hogares recurren al crédito para afrontar gastos cotidianos.
Quiénes podrán acceder al beneficio
El programa alcanza al personal de Planta Permanente y Planta Temporaria del Senado. Contempla deudas contraídas con los sindicatos Asociación del Personal Legislativo (APL), Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).
También incluye obligaciones con bancos públicos y privados, entidades crediticias habilitadas por el Banco Central, proveedores de servicios de pago y proveedores no financieros de crédito registrados. El alcance comprende, además, billeteras virtuales y plataformas de pago que ofrecen financiamiento.
Quedan excluidas las deudas correspondientes a créditos hipotecarios y prendarios.
El adelanto tendrá una tasa de interés del 0%, por lo que los beneficiarios deberán devolver únicamente el capital recibido, sin intereses ni costos financieros adicionales. El monto máximo será equivalente a tres haberes netos, tomando como referencia la liquidación salarial de octubre de 2026.
Para solicitarlo, los trabajadores deberán presentar una constancia de la entidad acreedora que detalle el capital adeudado, los intereses, la tasa aplicada, los plazos y el monto necesario para cancelar la totalidad de la obligación.
El plazo para presentar las solicitudes se extenderá hasta el 20 de noviembre.
El endeudamiento de los hogares, uno de los fundamentos
Para respaldar la implementación del programa, Villarruel tomó como referencia estadísticas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Según el Informe de Inclusión Financiera correspondiente al segundo semestre de 2025, a diciembre de ese año 20,3 millones de personas registraban algún tipo de financiamiento, lo que representaba el 54,7% de la población adulta.
Además, en junio de 2026 la irregularidad de las financiaciones destinadas a las familias alcanzó el 12,8%. En tanto, los proveedores no financieros de crédito registraron una irregularidad del 26,9% en sus carteras durante febrero de ese año.
Con estos indicadores como contexto, la titular del Senado impulsó una herramienta destinada a aliviar la situación financiera de los empleados de la Cámara alta y facilitar la cancelación de sus compromisos crediticios.
