El Gobierno nacional decidió dar marcha atrás con la propuesta de cobrar el impuesto a las Ganancias sobre las operaciones de compraventa de CEDEARs, una medida que había sido incorporada en el proyecto de Ley de Competitividad Financiera enviado al Congreso y que generó repercusiones entre inversores y operadores del mercado.
La iniciativa oficial contemplaba eliminar la exención impositiva vigente para las ganancias obtenidas por la venta de estos certificados, que permiten invertir desde Argentina en acciones de empresas que cotizan en el exterior.
Sin embargo, luego de que se conociera el alcance de la modificación, el asesor del ministro de Economía, Luis Caputo, y director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Felipe Núñez, confirmó que ese apartado sería eliminado.
A través de una publicación en redes sociales, Núñez explicó que la disposición había quedado incluida por error en el texto enviado al Congreso. “Quedó de un borrador viejo. ¡Se va a retirar!”, manifestó.
Qué proponía el proyecto
El artículo cuestionado buscaba modificar el tratamiento tributario de los CEDEARs para que las ganancias obtenidas por su compraventa tuvieran el mismo tratamiento que las inversiones realizadas directamente en los activos extranjeros que representan.
Actualmente, las personas humanas residentes en Argentina cuentan con una exención de Ganancias para los resultados de determinadas operaciones de compraventa de estos certificados, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la legislación vigente.
La modificación pretendía terminar con ese beneficio y aplicar un criterio de transparencia fiscal, mediante el cual el tratamiento impositivo del certificado dependería del activo extranjero que representa.
La propuesta también establecía que el cambio alcanzaría a los certificados adquiridos desde el 31 de octubre de 2026.
Qué pasará ahora con los inversores
Con la decisión de retirar ese artículo, las operaciones de compraventa de CEDEARs mantienen, por el momento, el tratamiento impositivo vigente. Es decir, no se aplicará el nuevo gravamen que había generado preocupación entre los ahorristas.
De todos modos, el proyecto de Ley de Competitividad Financiera continuará su recorrido legislativo. La iniciativa contiene 240 artículos y propone modificaciones en distintas normas vinculadas con el mercado de capitales, las garantías, los instrumentos de crédito y las operaciones financieras.
La marcha atrás del Ejecutivo se produjo pocas horas después de que trascendiera el contenido de la reforma y se multiplicaran las críticas por el posible impacto de la medida sobre una de las alternativas de inversión más utilizadas por los ahorristas argentinos.
